Este comunicado se presenta ante el contexto de…
- Las vulneraciones sistemáticas de derechos cometidas por la ocupación israelí contra el pueblo palestino: los ataques reiterados contra población civil, la implantación de medidas punitivas arbitrarias -impuestas por el nuevo gobierno israelí contra las prisioneras y prisioneros palestinos-, el ataque a los lugares sagrados, los asaltos y violencia de los colonos israelíes en ciudades y poblaciones palestinas, así como el bloqueo continuado en la Franja de Gaza.
- El fracaso, durante décadas, de la comunidad internacional para rendir cuentas de su inacción ante la defensa y protección de los derechos del pueblo palestino a su autodeterminación. Y, también, para conseguir que el estado ocupante asuma la responsabilidad de sus crímenes.
Ante esta situación, el pasado sábado 7 de octubre, la resistencia palestina lanzó un ataque militar contra la tierra ocupada, como respuesta a la escalada de violencia de la ocupación israelí en la actualidad.
En este contexto, la ocupación israelí ha iniciado una ofensiva contra la Franja de Gaza en que la mayoría de víctimas son civiles, mujeres y niños. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad Palestino, desde el día 7 hasta el mediodía del 9 de octubre, en la Franja de Gaza se ha documentado un total de 493 mártires, entre los que se encuentran 91 niños y 61 mujeres, así como un total de 2.751 personas heridas. En Cisjordania se han registrado 15 mártires, incluidos dos niños, y cerca de 80 personas heridas.
Por otro lado, las fuerzas de la ocupación han iniciado una campaña generalizada y masiva de detenciones en el Área de Cisjordania que, en particular, persigue a activistas y personas ex prisioneras. Hasta el momento, Addameer ha documentado la detención de aproximadamente 76 personas palestinas. En referencia a las detenciones en la Franja de Gaza, la organización de derechos humanos aún no tiene acceso a información o estadísticas que puedan documentar el número de personas detenidas.
Desde el inicio de la ofensiva, los Servicios Penitenciarios Israelíes han endurecido su actuación, siendo responsables de graves vulneraciones de derechos de la población palestina detenida. El endurecimiento de su actuación ha sometido a las prisioneras y prisioneros palestinos a medidas de castigo implantadas de manera severa y generalizada dentro de las cárceles. Desde la mañana del 7 de octubre (9:00h), dichas medidas se han acompañado de un corte total de la comunicación que conectaba el interior con el exterior de la cárcel.
El día 7 de octubre, las Fuerzas Especiales Israelíes asaltaron la sección de mujeres de la cárcel de Damon, utilizando gas lacrimógeno. Horas más tarde, separaron y aislaron a la representante de la cárcel –Marah Bakir –, trasladándola a la cárcel de Al-Jamaleh. Ese mismo día, en la misma cárcel, cortaron todos los suministros de electricidad de la sección de mujeres, dejándolas sin luz. Como respuesta a todas estas vulneraciones, las prisioneras han decidido empezar a protestar con acciones como devolver su comida (negándose a comer) y/o negarse a levantarse durante el recuento de prisioneras.
En todas las cárceles, las fuerzas de la ocupación han cerrado y aislado a las personas prisioneras de las diferentes secciones y han confiscado los canales de televisión, a los cuales tienen acceso habitualmente las prisioneras y prisioneros palestinos (canales y contenidos que se encuentran fuertemente limitados y controlados por las fuerzas de la ocupación). Los dispositivos tipo jammer (de interferencia) han aumentado dentro de la cárcel, las visitas de familiares han sido suspendidas sin próximo aviso y los encuentros entre prisioneros y abogados que estaban programadas para esta semana han sido canceladas de manera automática.
Desde el sábado 7 de octubre, se notificó a los abogados, que representan a los prisioneros palestinos en los tribunales militares, de la entrada en vigor del Articulo 33 de la Orden Militar número 1651. Dicho artículo, relativo a procedimientos de detención, implica la activación de “una campaña militar para hacer frente al terrorismo”, que permitirá la detención y retención durante 8 días sin juicio, dejando en suspenso el procedimiento habitual que define un periodo de retención de 96 horas. Con la aplicación de este artículo también queda totalmente prohibido el encuentro y/o comunicación entre la persona detenida y su abogado en los dos primeros días.
A todo lo anterior se añade que tras su publicación se emitió una reforma de este ordenamiento militar que dicta que las vista y juicios militares se realizaran por medio de video conferencia, aplicando el protocolo de estado de emergencia. Esto significa que las personas detenidas no aparecerán ante el tribunal militar, sino que permanecerán en la cárcel. Esta decisión, ya en vigor, es efectiva hasta el 15 de octubre de 2023.
Addameer muestra su preocupación y avisa de que la ofensiva actual contra la población palestina se acompañará de una campaña masiva de detenciones que afectará a diferentes sectores y colectivos del pueblo palestino. La política de detención administrativa -que se rige por documentos secretos, así como por la detención sin cargos ni juicio- se aplicará de manera recurrente, dado que es una práctica frecuentemente utilizada por las autoridades de la ocupación de manera generalizada y sistemática durante alzamientos y en periodos de violencia.
Si bien la Tercera Convención de Ginebra incluye a las personas luchadoras palestinas de la Franja de Gaza, detenidas en combate durante operaciones militares, como prisioneras de guerra, es patente que las autoridades de la ocupación utilizan, desde hace años, la Ley de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales contra todas ellas. Esta ley se configura como un símil de la política de detención administrativa que priva a la persona detenida de cualquier garantía para un juicio justo. En 2002, el estado ocupante aprobó esta ley permitiendo de facto que el Ministro de Seguridad del gobierno ocupante, o su representante autorizado, pudiera emitir una orden de detención contra cualquier persona residente en la Franja de Gaza. La detención se justifica bajo el calificativo de “combatiente ilegal”, que permite su detención durante un periodo indefinido, sin fecha para su liberación. En estos casos, una vez la orden ha sido emitida, un juez del tribunal militar del distrito debe confirmarla y revisarla legalmente cada seis meses, sin tener que presentar cargos formales contra la persona detenida. En definitiva, toda la información sobre la detención se mantiene clasificada como materiales secretos que solo están a disposición del juez; es decir que ni la persona detenida ni su representante legal tienen acceso a esta documentación. Bajo el amparo de dicha ley, un gran número de personas palestinas de la Franja de Gaza han sido detenidas y retenidas, particularmente tras la ofensiva militar israelí de 2008.
Mientras sigue urgiendo que las autoridades contratantes de la Convención de Ginebra presionen al estado ocupante para que cese la ofensiva contra la población civil palestina y cumpla con su deber de proteger a personas protegidas bajo el derecho internacional, ADDAMEER denuncia el uso de prácticas de castigo colectivo contra del pueblo palestino en varias regiones del territorio. Estas prácticas se están implantando por medio de masacres, detenciones, cierre y bloqueo de carreteras o restringiendo la libertad de movimiento del pueblo palestino, pero también mediante un endurecimiento de la actuación contra los prisioneros palestinos en la cárcel.
ADDAMEER enfatiza que esta escalada de violencia está teniendo lugar debido al silencio de la comunidad internacional que continua callando ante los crímenes que Israel lleva cometiendo durante años. Asimismo, señala la ausencia de mecanismos para que rinda cuentas el estado ocupante, que continua, a día de hoy, totalmente impune, sin asumir responsabilidades de sus acciones, a pesar de ser responsable y perpetrador de crímenes contra el pueblo palestino.