En la audiencia celebrada el 2 de julio de 2018, el juez del tribunal militar Raphael Yemeni confirmó la renovación de la orden de detención administrativa contra Khalida Jarrar, parlamentaria del Consejo Legislativo Palestino. Esta es la segunda vez que se renuevan, lo cual significa que Khalida lleva detenida sin cargos ni juicio desde el 2 de junio de 2017. Ni Khalida ni su abogado estuvieron presentes durante la audiencia, ya que forma parte de la acción colectiva de boicot a todas las audiencias judiciales relativas a los procesos de detención administrativa.
Según la decisión del juez, se ha hallado nueva información secreta. Aparentemente, esta información confirma que Khalida continúa siendo una amenaza de estado. La mencionada información supuestamente confirma alegaciones pasadas contra Khalida pero no se especifica si se trata de información relativa al periodo actual o a su anterior arresto.
Basándose en dicha información secreta, se concluyó que la liberación de Khalida supondría una amenaza para el estado. Para equilibrar los derechos individuales a la libertad con la supuesta seguridad del estado, el juez Yemeni consideró apropiado ampliar la detención cuatro meses más.
La ironía de tales afirmaciones radica en que Khalida ha estado en prisión durante un año. Es difícil concebir la manera en la que cuatro meses más aseguran la seguridad del estado o como su encarcelamiento afecta a ello. La afirmación del juez de que está equilibrando su libertad con la seguridad del estado es especialmente ridícula. Parece que la reducción de la orden (de 6 meses a 4 meses) es de alguna manera un acto de piedad legal.
El proceso de detención administrativa representa la acción más severa que un estado ocupante puede ejercer contra la población, protegida bajo la IV Convención de Ginebra. Según el artículo 78 de la mencionada Convención, este proceso solo puede utilizarse “por razones imperativas de seguridad”, durante un período lo más breve posible.
Por ello, Addameer llama a la ocupación a respetar las obligaciones de la ley internacional y liberar a Khalida y a todas las demás personas bajo detención administrativa.
Además, exigimos que todos los terceros estados cumplan el artículo 1 de la Primera Convención de Ginebra y den pasos concretos para asegurar que la ocupación cumpla con la ley humanitaria en sentido más amplio
Si quieres ayudar a liberar a Khalida, por favor ponte en contacto con los representantes locales y pídeles que lo traten con el gobierno. También pueden mandar comunicados a las personas que toman decisiones en el gobierno ocupante. Puedes encontrar más detalles aquí.