Defensores de los derechos humanos

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Defensores de los derechos humanos

 

La Declaración de la ONU de los defensores de los derechos humanos los define como aquellos individuos que poseen un papel importante en la promoción de la causa de los derechos humanos a través de actividades tales como la documentación de las violaciones de los derechos humanos, la prestación de apoyo y asistencia a las víctimas en situación de auxilio, la lucha contra la cultura de la impunidad, y la integración de la cultura de los derechos humanos a nivel internacional y nacional.

 

Los palestinos que participan y organizan protestas y manifestaciones contra el Muro y los asentamientos son ampliamente reconocidos como defensores de los derechos humanos debido a sus esfuerzos por involucrar a la sociedad civil en métodos pacíficos de resistencia para así acabar con las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional y con las prácticas de la confiscación de tierras, la demolición de viviendas o las restricciones de movimiento de la población palestina llevadas a cabo por Israel. Israel ha adoptado una política de arresto, detención, intimidación, amenazas y, a veces, castigos colectivos contra aquellas comunidades que participan en las manifestaciones semanales y en otras acciones no violentas contra el Muro y los asentamientos. Los líderes activistas palestinos de derechos humanos- figuras reconocidas como alcaldes, maestros y miembros de los Comités Populares- son fundamentales en la coordinación de las protestas semanales y de las actividades de promoción, incluyendo los casos legales y, a menudo, son señalados y arrestados en un intento de aislarlos de la organización de las protestas, o para desacreditar sus esfuerzos y a ellos mismos. Los cámara y fotógrafos locales, así como miembros de la prensa, también se encuentran dentro del radar. En 2011, hubo al menos 295 casos documentados de detención de defensores de los derechos humanos, 58 de los cuales eran menores de 18 años.

 

Algunos de los manifestantes y defensores de los derechos humanos son procesados ​​en los tribunales militares israelíes bajo la Orden Militar 101 que fue emitida por el comandante militar israelí en agosto de 1967 y que todavía está en vigor en la Cisjordania ocupada, a pesar del Acuerdo de Oslo y del comienzo del Proceso de Paz. La orden Militar 101 criminaliza muchas actividades cívicas; incluyendo la organización y participación en protestas, la participación en asambleas o vigilias, la enarbolación de banderas u otros símbolos políticos, y la impresión y/o distribución de material político. Además, la orden clasifica cualquier acto de sensibilización de la opinión pública como “incitación política”. Bajo el título de "apoyo a una organización hostil", la orden también prohíbe cualquier actividad que muestre simpatía por una organización considerada ilegal bajo las órdenes militares, ya sea coreando consignas, portando una bandera o mediante otros símbolos políticos.

 

A pesar de la falta de pruebas o testigos independientes, y de la vaga o vacía base de los cargos reclutados en contra de defensores de los derechos humanos, la gran mayoría de los activistas han sido declarados culpable de haber cometido un "delito contra la seguridad" y han sido condenados a una pena de prisión. En los tribunales militares israelíes, el ​​derecho inalienable del acusado a un juicio justo nunca se ha ratificado. Los testimonios de los soldados y, en ocasiones, las fotos de las personas en una manifestación, son muy a menudo suficiente para que un individuo sea declarado culpable de un delito en virtud de las órdenes militares que gobiernan Cisjordania. Si además, el detenido ha sido coaccionado a firmar una confesión, invariablemente será condenado y pasará su condena en una cárcel militar.

 

Algunos defensores de derechos humanos que han sido arrestados y detenidos incluyen personas como Abdallah Abu Rahma, un profesor de secundaria de la aldea cisjordana de Bil’in, que fue condenado por incitación y organización de manifestaciones ilegales, y sentenciado a 16 meses de prisión y a seis meses de condena condicional en lugar de tres años. La condena y el encarcelamiento del Sr. Abu Rahma han sido reprobados repetidamente por Catherine Ashton, entre otros, que es la Alta Representante de la Unión de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, además de  Vicepresidenta de la Comisión.

 

Más recientemente, el organizador de la protesta en el pueblo de Nabi Saleh, Bassem Tamimi, fue arrestado y acusado de incitación, organización de marchas no autorizadas, propaganda para lanzar piedras, omisión de presencia para ser interrogado, y un cargo de obstrucción de la justicia por presuntamente asesorar jóvenes sobre cómo actuar si son interrogados por la policía israelí. Los defensores de derechos humanos se enfrentan a castigos indiscriminados y arbitrarios mucho después de haber sido liberados. Sus solicitudes de permiso y las de sus familias son negadas sistemáticamente por las autoridades israelíes; se enfrentan a persecución selectiva e intimidación, a detenciones y a interrogatorios en los puestos de control, a la difamación, y, en algunos casos, a un nuevo arresto.

 

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